El contribuyente autónomo se encuentra hoy en una posición especialmente delicada frente a la Administración Tributaria. No es ningún secreto que la complejidad del sistema fiscal español supone un auténtico desafío diario, sobre todo para aquellos autónomos que se esfuerzan por cumplir sus obligaciones pero que, en ocasiones, se ven atrapados en una maraña normativa difícilmente comprensible.

Por ello, urge una reforma tributaria que, aunque no simplifique excesivamente el sistema (porque la realidad económica tampoco lo es), sí introduzca reglas objetivas y claras que permitan al autónomo afrontar sus obligaciones con una mayor seguridad jurídica. Desde esta perspectiva, propongo varias reformas prioritarias basadas en las recientes recomendaciones del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC).

Prioridades en la reforma fiscal para autónomos:

  1. Objetivar los gastos deducibles: Una de las grandes dificultades del autónomo está en acreditar la realidad y afectación de determinados gastos. La Administración, a menudo, exige pruebas complejas que generan incertidumbre y conflictividad. La solución, ampliamente respaldada por el estudio comparado en países como Alemania, Francia o Italia, pasa por la objetivación parcial o total de gastos problemáticos, como los relacionados con vehículos, suministros domésticos, manutención o atenciones a clientes.

    Por ejemplo, permitir la deducción de un porcentaje predeterminado en gastos relacionados con vehículos o telefonía móvil reduciría considerablemente los conflictos con Hacienda, evitando procedimientos interminables para justificar cada euro gastado.

  2. Simplificar y ampliar la deducción por suministros domésticos: La realidad actual del teletrabajo exige adaptar urgentemente las normas fiscales. La regla actual, que permite deducir apenas un 30% de los suministros en función de los metros cuadrados afectados, es compleja y restrictiva. Una reforma necesaria sería ampliar el porcentaje deducible y simplificar su aplicación, facilitando que quienes trabajan desde casa puedan acogerse a deducciones justas y razonables.

  3. Reglas objetivas voluntarias para gastos difíciles: Sería conveniente ofrecer a los autónomos la opción voluntaria de acogerse a reglas objetivas para gastos especialmente conflictivos (manutención, transporte, representación), que evitarían discrepancias frecuentes y onerosas comprobaciones. Los autónomos podrían optar por esta objetivación o por seguir acreditando documentalmente cada gasto, siempre con una regla de gastos de difícil justificación más generosa que la actual.

El principal obstáculo para el autónomo radica en la incertidumbre y la inseguridad jurídica. La Administración Tributaria no siempre ofrece criterios claros sobre qué documentación es aceptable para acreditar gastos, lo que genera disparidad en las decisiones administrativas e incrementa significativamente la litigiosidad.

Además, la actual práctica de comprobaciones limitadas carece de suficiente interacción personal, convirtiéndose a menudo en procesos impersonales donde las alegaciones del contribuyente apenas se consideran.

El autónomo más vulnerable es aquel que desarrolla actividades económicas con estructuras mínimas, generalmente sin apoyo jurídico interno y dependiente de asesorías externas. Este perfil suele desconocer las exigencias probatorias concretas que la Administración impondrá, lo que eleva su exposición a procedimientos sancionadores.

A pesar de los esfuerzos realizados por organismos como el CDC y los intentos de diálogo con la Administración, todavía existe una considerable distancia entre las propuestas técnicas consensuadas y la adopción de cambios normativos efectivos.

Cabe preguntarse, además, si existe un interés real por parte de la Agencia Tributaria en resolver este escenario. La inestabilidad normativa, unida a la falta de criterios uniformes y a la dificultad probatoria para los autónomos, le otorgan una posición cómoda en el reparto de fuerzas. A río revuelto, ganancia de pescadores: en un entorno opaco e incierto, la Administración maximiza su margen de interpretación y refuerza su posición en eventuales procedimientos de regularización o sanción.

En definitiva, la solución pasa por reformas objetivas, claras y voluntarias, orientadas a proteger al contribuyente de buena fe, reduciendo incertidumbres y proporcionando herramientas efectivas para defenderse ante eventuales discrepancias con la Administración Tributaria. Porque defender al contribuyente no es solo una cuestión técnica, sino un acto de justicia y equilibrio en un sistema tributario complejo y desafiante.

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