Desde el 1 de enero, los alicantinos convivimos con una nueva ordenanza que regula la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, su aplicación es automática, pero su comprensión no tanto y cuando un tributo no se entiende, el malestar está garantizado, incluso si su finalidad es legítima.

En primer lugar, conviene recordar que no estamos ante un precio ni un contrato de servicios, es una tasa: un tributo de carácter obligatorio que no depende de si uno genera más o menos basura, ni de si está de acuerdo con el servicio, es suficiente con ocupar un inmueble en Alicante para estar sujeto a la obligación de pago.

La ordenanza establece tarifas distintas para viviendas y actividades económicas, en el caso de los domicilios, la cuota depende del valor catastral por metro cuadrado y de la superficie construida, en cambio, comercios, bares, oficinas, clínicas y otras actividades tributan por bloques de metros, número de plazas o, incluso, por el volumen estimado de residuos. A mayor generación de residuos, mayor coste.

Sobre el papel, tiene sentido, sin embargo, en la práctica del ciudadano, no siempre resulta justo ni equitativo. Pensemos, por ejemplo, en un jubilado que vive en un piso de 100 metros en el centro y paga lo mismo que una familia numerosa. O en un pequeño bar con terraza que, por estar en una calle de alta afluencia, asume un recargo del 50% sobre su cuota a todo ello se suma un sistema de bonificaciones que premia el reciclaje orgánico… siempre que se use una APP municipal de forma regular durante al menos diez meses al año y es aquí empieza el verdadero problema: la complejidad.

Las fórmulas para calcular la tasa incluyen más de una decena de variables distintas, desde el uso catastral hasta los metros de veladores, pasando por coeficientes de situación por calles, materiales desechables o la entrega de residuos a gestores autorizados, para muchos contribuyentes, especialmente particulares y pequeñas empresas, entender la cuota que pagan es, es un laberinto de difícil salida sin asesoramiento técnico.

Además, las declaraciones que permiten ajustar o corregir la cuota deben presentarse dentro de plazos muy estrictos —por ejemplo, antes del 31 de enero de cada ejercicio—. Si no se hace a tiempo, no hay modificación ni reducción posible, y eso, en un entorno donde la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe que debe declarar, es una trampa silenciosa.

No se discute la necesidad de financiar un servicio esencial ni la importancia de fomentar prácticas sostenibles, pero si el modelo resulta incomprensible o percibido como arbitrario, pierde legitimidad, la fiscalidad local no solo debe ser legal, debe ser explicada y ahí se ha echado de menos la falta de una explicación más didáctica y dirigida al ciudadano por parte de la adminsitración local.

Alicante necesita políticas fiscales ambiciosas, pero también comprensibles, no basta con tener razón jurídica, hace falta razón comunicativa, la transparencia no es solo un valor ético, es una herramienta de convivencia fiscal.

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